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La primitiva
función del Banco Central de la República Argentina fue la de ser el
agente financiero del estado pero, a partir de la coyuntura que
vivimos desde que fueron sustraídos los ahorros de los futuros
jubilados, este banco se convirtió exclusivamente en un ente
regulador del valor de la moneda.
Esto podría
configurar una exageración, pero las circunstancias surgidas desde
el temerario traspaso de fondos hicieron que
la A.N.Se.S.
se convierta en un prestamista del estado nacional,
no solo de última instancia, sino de cualquier
instancia, ocurrencia, eventualidad o forma, ya
que carece de controles en sus
operaciones como si los posee el Banco Central, las entidades
financieras ordinarias, los mercados autorregulados y los fondos de
inversión de todo tipo.
Sucede que al
momento de la estatización de los ahorros privados, otrora
atesorados en los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, más el total
de la recaudación previsional que mes a mes acrecienta las arcas de
este nuevo megaorganismo financiero; aquella perversa Ley olvidó
otorgarle un marco regulatorio que ordene al
funcionario de turno el modo y la circunstancia en que deba operar
estos fondos.
Organismo licencioso
Hoy, tenemos
funcionarios con sueldos millonarios ocupando
los sillones de directorio de las sociedades
comerciales cuyas acciones conforman el tesoro
de la A.N.Se.S. Ello, de por sí, es una licencia de la que se sirve
este organismo, de la que no gozan los fondos de inversión; puesto
que, estos pobres, deben acatar la Ley de Fondos Comunes de
Inversión, que no permite el control de las sociedades cuyas
acciones forman parte del fondo administrado,
por más allá del 5% de su patrimonio; obviamente esto no ocurre con
los fondos de la A.N.Se.S.
Asimismo, entre
muchas de las cláusulas que deben cumplir los fondos ordinarios, la
cartera debe ser conformada por determinados porcentajes mínimos y
máximos que hacen que los fondos diversifiquen su inversión para
evitar eventuales inestabilidades; esta "precaución de seguridad" no
existe para los nuevos fondos de la administración encargada de la
"seguridad social".
Entre muchas más
cuestiones, las entidades financieras mantienen encajes al prestar,
deben cumplir con requisitos patrimoniales y controles varios. La
nueva A.N.Se.S. puede prestar a "troche y moche" y a quien se le
antoje, incluido el Estado Nacional, sin otro requisito que el de
asentar en algún balance los movimientos que realice a discreción de
un "elegido" funcionario.
Esta licencia,
otorgada, nada más ni nada menos, que a una entidad que maneja miles
de millones sin el control adecuado, fortuna superior a la que
conforma el Tesoro Nacional e inmensamente mayor que la masa total
de depósitos de los ciudadanos en los bancos, configura una ligereza
de este nuevo sistema que se asemeja más a una conducta licenciosa
de Estado, coautor de las medidas arbitrarias que tome el
funcionario licencioso.
Seguridad no Social
Los dineros
manoseados por quien gestiona su administración no van a parar a los
bolsillos de los jubilados actuales, como versaba la millonaria
publicidad estatal que tenía por objeto convencernos y hacer
partícipe del atraco a la mayoría de los ciudadanos. ¡Todo lo
contrario!...
Se destinaron, en
grandes números, más de 3.000 millones a la compra de automóviles
cero kilómetro, alrededor de 700 millones para la compra de taxis,
casi 4.000 millones para electrodomésticos, etc. etc; los que
podrían ayudar a mejorar la vida de los jubilados, si no fuera por
el detalle de que más del 70% de los jubilados no tiene la edad
mínima exigida por el seguro para obtener créditos de estas
características.
Bajo este
aspecto, la promesa que nos costó varios millones en publicidad
oficial, fue un rotundo fracaso como tantas
otras promesas que nos acostumbramos a
escuchar durante estos años.
La conquista del
sistema financiero es una parte de la "trastienda" creada por la Ley
26.425 que instauró el poco nombrado S.I.P.A., que viene a
administrar la A.N.Se.S; a ello hay que
sumarle los desembolsos de las arcas de este
nuevo "Tesoro" de jubilaciones para cubrir déficit, gastos,
financiación y otras cuestiones del gobierno como el destino de más
de 4.000 millones para el ferrocarril Sarmiento, casi 6.000 millones
destinados a energía, algunos cientos a la empresa estatal de aguas,
3.000 millones para algunas PyMEs, 1.700 millones para algún sector
del agro, 1.250 millones para industriales y 10.900 millones para
constructoras enroladas en un Megaplan de Obras Públicas.
¿Y los jubilados?
Los
aproximadamente 35.000 millones, detallados a grandes rasgos,
encarnan la dilapidación manifiesta de los fondos que iban a ser
destinados a incrementar los haberes jubilatorios actuales y las
jubilaciones futuras...
Resulta evidente
que los jubilados no podrán gozar de esos beneficios que si son
gozados por otros, porque estos montos ya fueron arrasados. |
Por supuesto
que las cuentas no cierran allí. Este nuevo prestamista del estado
nacional se comprometió a financiar parte del presupuesto nacional
de este año y destinará 6853 millones a energía, 4.600 a obras
públicas y 1.700 a trasportes; todo ello costeado por los
aportantes.
El nuevo Banco Central de este Gobierno
La A.N.Se.S.
financiará al Tesoro con alrededor de 18.000 millones nuevos en 2009
 mediante
algún empréstito, bono o letra, que en
definitiva solo son "números rojos del Estado" que éste gobierno no
acostumbra a devolver.
No satisfecho en
su voracidad, los vencimien-tos del Tesoro para este año con la
A.N.Se.S. ascienden a casi 20.000 millones, los que serán
prorrogados... en buen romance, ¡no pagados!
Así, el gobierno
utilizará, este año, casi 38.000 millones que no le pertenecen, a
fin de sub-sanar las falencias de su administración que lo único que
nos suministra es más déficit.
El panorama en
materia de finanzas públicas se encuentra diezmado; el Banco Central
solo es una gran casa de cambio; y, quien asumió las funciones de
solventar el déficit del gobierno es quien debería pagar
jubilaciones.
Esto ocurre
porque la A.N.Se.S. está absorbiendo las funciones del sistema
financiero, algo que nos costará carísimo en el corto plazo; los
únicos beneficiarios del seguro cataclismo serán los que reciban
esos miles de millones en algún tipo de
préstamo y una legión de "funcionarios
amigos" que vestirán corbata para ocupar los sillones de directorio
de inmobiliarias, su-permercados, fábri-cas de
fideos y toda otra parte del botín de acciones que ha-ce muy poco
tiempo eran propiedad de los futuros jubilados.
Hace falta más control
Lamentablemente,
hubiera sido muy conveniente para el erario que, ante la falta de un
reglamento de administración de los fondos
apropiados, la A.N.Se.S. utilice como instrucción supletoria
la vigente para los Fondos Comunes de Inversión, las
entidades financieras u otra que, si la ley
hubiera sido proyectada con tiempo, podría haber figurado en su
texto.
Como ello no
ocurrió, seguramente debido a la necesidad urgente de aprovechar la
histórica oportunidad de "juntar los votos necesarios" de los
legisladores que ayudaron a perpetrar esta norma; la Ley salió como
estaba planeada; sin control del nuevo superorganismo y con ello, la
impunidad asegurada, plasmada en lo que debería ser un instrumento
para la sociedad: La Ley.
¡A controlar!
Se hace necesario
paralizar esta real depredación pronosticada desde todos los ámbitos
y que tanto nos ocupó en La Hoja Federal desde 2003. Para ello se
deberá constituir de inmediato la Comisión Bicameral de Control de
los Fondos de la Seguridad Social estipulada en el artículo 11 de la
poco digna Ley 26.425; asimismo, que se formalice el Consejo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del denominado S.I.P.A.,
establecido en esta misma Ley, en su artículo 12; y que se tengan
por nulas todas las manipulaciones que realicen los funcionarios con
los dineros públicos, desde organismos que carezcan de un método
claramente establecido; las que serán válidas solo cuando exista un
reglamento, procedimiento y contralor.
Será muy
dura la función de quienes queremos asumir la representación popular
en el Congreso por los próximos años, y conllevará la
responsabilidad de devolver a los ciudadanos la dignidad popular que
estamos perdiendo como sociedad.
Gustavo
P. Forgione
gustavo@forgione.com.ar
Director
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