La Hoja Federal

Las novedades expuestas en materia económica indican que el gobierno tomó algunas decisiones sobre lo que podrá mos considerar cambios en el rumbo económico del país, estos no necesariamente implican modificaciones beneficiosas para el mediano plazo, sino placebos que posteriormente serán en extremo nocivos. Las medidas son variadas y se manifiestan en escenarios distintos. En todos los casos son testimonio de la irresponsabilidad de la clase política que administra el poder.
Hace algunos días, nos sorprendi?un Pacto entre la Nación y las Provincias; muy lejos de intentar una solución a la urgente situación económica, éste sólo tiende a sostener los presupuestos de las estructuras políticas enquistadas a lo largo del país por un per?do de cinco años;  incluso con la posibilidad de recibir un incremento en los casos de aumento de la población, esto hace creer que la cantidad de población es directamente proporcional a la ineficiencia.
Algo parecido ocurre con la sanción del Presupuesto Nacional para el 2001, los legisladores aceptaron la propuesta del Ejecutivo, salvo su artículo 58, el que preve? una reducción del gasto destinado a sueldos estatales y a la eliminación de organismos innecesarios; en cambio aceptaron alegremente un crecimiento del déficit fiscal, que llevar?sus valores a casi siete mil millones de pesos, con la ilusi? de que éste se reduzca sensiblemente ante un eventual crecimiento espontáneo de la economía o de la recudaci? impositiva.
Otra medida relevante es el Blindaje Financiero; evidentemente se trata de un aliciente para el corto plazo, con serias complicaciones más adelante. economía prometió que se recibir?n más de veinte mil millones de dólares en fondos externos, para demostrar un marco de solvencia fiscal, aunque ?ta sea ficticia.
Todas estas novedades son producto de la mencionada irresponsabilidad de la clase política que administra el poder, ya que se trata de parches que sólo atacan los síntomas pero olvidan las causas.

Es notorio que la posibilidad de una cesación de pagos (default) estuvo muy cerca, y un desembolso de dinero fresco le vendría muy bien a los amantes del gasto público, verdadero principio del flagelo que hoy nos toca vivir, y en el mejor de los casos solucionar.
La salvaci? del inminente caos llegar?del exterior, del sistema financiero internacional que los simpatizantes de la alianza gobernante no cesan de maldecir, pero al que recurren para satisfacer el producto de su inmoral ineficacia.
Planteada la realidad, se hace automático citar dos figuras históricas: una, por su capacidad pragm?ica que sólo ve en el poder un f?: Niccolo Machiavello; el otro, por entender que el gasto del Estado puede motorizar la economía sin consecuencias: John Maynard Keynes.
Lamentablemente, ambos se apersonaron en el Gobierno Federal y su resultado está a la vista: "Nadie está dispuesto a hacer un ajuste".
Ajuste, no significa apretar el cintur? de alguien en particular, sino cumplir con el principio de Restricción del presupuesto y surge de un desequilibrio previo en las Cuentas Nacionales, esto sucede en todos los modelos económicos y bajop cualquier régimen político. Hace un año los legisladores materializaron este principio te?ico en una ambiciosa Ley que publicitariamente se llamó "Convertibilidad Fiscal", volcaron en papel una gran cantidad de prodigiosas frases seguidas de firmas. Este acto preve? que nuestro país no seguirá gastando más allá de lo racional y se reducir? gradualmente el déficit, hasta lograr una economía sana; pero ello no fue cumplido y lo más cómodo es cambiar aquella maltratada Ley, en vez de acatarla. más allá de los razonamientos que llevan a pensar que esto es un atropello más a la seguridad jur?ica, configura un agravio a los principios económicos y a la convicción de que a su amparo hubi?amos podido salir del funesto letargo.
Bendito sea el Día en que en el gobierno se entienda que el Estado sólo produce gasto, la riqueza la crean los privados.

Gustavo P. Forgione
Director
gustavo@forgione.com.ar

El Uso Indebido del Espacio público
Hacia un cambio institucional en las políticas del Gobierno de la Ciudad
Por el Arq. Juan Carlos Poli *

El Estado cuando interviene, e incluye un problema dentro de su agenda, crea y moviliza un sistema de intereses, actores relevantes y población que se organizan y disciplinan a través de su actuaci?.  Este es el caso de la utilización del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el Municipio históricamente ha omitido actuar.
La actuación por “omisi?” del Estado Municipal se manifiesta de diferentes maneras y ha obtenido, como producto, la actual situación de deterioro existente en el espacio público.
La política regulatoria aparece como confusa, contradictoria, distorsiva, superpuesta, espuria.  La población no es consciente homog?eamente de esa situación.
La actuación del Estado Municipal ha sido “no pública”, es decir que no contribuye a hacer públicos los derechos y obligaciones de las personas con respecto a lo “público” y poca gente sabe qué es punible o no, qué est?permitido o no.  Actores relevantes, pertenecientes tanto al Estado como al sector privado, son los que más polucionan el espacio público.
No hay ning? sistema, promocionado hasta el momento por el gobierno municipal que desincentive la ocupaci? indebida de lo público.  Penalidades y multas, acciones disuasorias, acciones emblemágicas o simplemente programas que; a partir de la instrumentaci? de consensos, contribuyan a una administración (m? democr?ica) del espacio público.
Por el contrario, los cómones son ?fimos, las tarifas continuamente desactualizadas, o eludidas espuriamente.  Las rentas municipales no se benefician de esta situación.  Pero s?se benefician algunos actores sociales, publicitarios, comerciantes y determinados gestores que desde dentro y fuera del ámbito municipal promocionan en beneficio propio esta situación.  Es mayor todavía el beneficio obtenido por los privados por publicitar indebidamente y ocupar el espacio público, que el beneficio social que se obtendrán por no hacerlo.
El Estado municipal no ha actuado “arbitrando intereses”, y lo que es peor,  no ha actuado a favor de los intereses de la mayoría de los vecinos.
Se puede decir que el Estado municipal, con su trayectoria política de “omisi? del problema” y no construcción del problema de lo público democrítico, ha producido dos efectos: la destrucci? del espacio sost? (espacio público) y la virtual destrucci? del mercado de la publicidad (saturaci? publicitaria).  La degradaci? urbana, en la que participan entre otros factores la falta de crecimiento, la pobreza y la desocupaci? siguen haciendo el resto.
Es importante advertir que debe existir la decisi? política de cambiar dr?ticamente la actuación del Estado municipal en los temas referentes al espacio público.  Este debe inducir al cambio del sistema de incentivos generales que existe frente a la ocupaci? de lo público.
En las sociedades democr?icas avanzadas, los municipios o estados contemplan que los intereses individuales económicos de las personas o grupos sociales se vean onerosamente afectados en cuanto afectan a lo público.  Es caro, económica e individualmente hablando, ocupar lo público o el espacio público.

En todas las reformas de normativas con respecto al espacio público, las europeas y algunas latinoamericanas, la cadena de responsabilidades por incumplimiento de la norma son claramente delimitadas y terminan en el propietario del bien, donde se efect? el hecho publicitario y la marca, que se está publicitando.  Esto permite que sean identificados claramente quiénes son, dentro de la cadena de responsabilidades de los últimos que deben pagar, evitando la normativa difusa.

Todas las acciones que se han hecho en este sentido en las ciudades de países centrales o en v?s de desarrollo, incentivan económicamente en forma negativa a los que quieren publicitar en el espacio público, para que esta no sea una forma de publicidad conveniente.
Estos incentivos económicos negativos (tener que pagar algo muy caro) son los más fácilmente le?os por la población en general.
El cambio institucional que instrumenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acompañado de la decisión política en su accionar y en el control, debe entonces contemplar terminar con la responsabilidad difusa haci?dola solidaria entre todos los actores intervinientes: empresa publicitaria, responsable del permiso, comercio soporte de la publicidad, y delimitar la responsabilidad final en el propietario de la unidad y el propietario de la marca que efect? la propaganda y el fabricante o instalador del cartel.
Se debe hacer una amplia campaña de difusi? hacia la sociedad  en el sentido que el Gobierno ha cambiado el rumbo en este sentido, y que se va a penalizar en forma muy alta  a los que infrinjan la normativa, además de hacer pagar los costos de remoci? de la publicidad  u otras formas de ocupaci? ejercitada en forma indebida.
Al revisar la normativa, simplific?dola, contemplar la calidad urbana de las calles, el estilo de vida de los edificios de los barrios y la capacidad comercial de algunos sectores, las características económicas y comerciales, arquitect?icas, ambientales y el uso de los diferentes lugares.
Y por último se debe reelaborar el régimen de Sanciones agravando las penalidades a valores tan onerosos que act?n como veh?ulo de la incentivaci? negativa pretendida.

Arq. Juan Carlos Poli

Subsecretario de Coordinació y gestión del Espacio público
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Córdoba no tiene un nuevo modelo
Las provincias no definen políticas
Por el Dip.César Albrisi *

• La idea de una isla próspera en un país recesivo fracas?en el pasado.

• No está demostrado que bajando impuestos se recaude m?

Por algún motivo que habrá que rastrear en la historia, los gobernadores de Córdoba intentan mostrar la provincia como una isla, sugiriendo que puede tener un destino individual distinto del nacional. Este fue uno de los rasgos más recordados de la gestión Angeloz. El mensaje, por aquel tiempo, era: "la Nación no puede, pero Córdoba s?quot;, y "Alfonsín no sabe, pero yo s?quot;. Como era obvio, tras la promoci? de la presunta posibilidad insular veNº la candidatura presidencial, que Angeloz no reiter?en 1995 porque estallá la provincia. Ahora ha comenzado a circular de diversos modos nuevamente la idea de la "isla" próspera o cuanto menos preservada de los avatares de la política y economía nacionales. Esta situación privilegiada de Córdoba será consecuencia de aciertos del gobierno provincial que nos permiten gozar de una realidad mejor que la nacional. así ha nacido el "modelo cordob?", cuyo componente más importante, si no único, consiste en la rebaja del 30% en los impuestos y una mayor recaudaci?, como consecuencia.
Los otros componentes de la política económica local no han resultado novedosos: las privatizaciones reflejan un retraso local respecto de políticas nacionales implementadas durante la última década.

En realidad, la rebaja tributaria no ha aportado los resultados previstos. Hasta tal punto esto es cierto, que el gobierno provincial ha suspendido sin plazo la baja en el impuesto a los ingresos brutos para los contribuyentes que facturen más de $ 40.000 por mes.
No está probado que se pueda recaudar más rebajando los impuestos. En Córdoba eso no ha ocurrido, si excluimos la moratoria provincial, un ingreso transitorio que se agotar?en un brev?imo plazo.
Lo que s?es una diferencia provincial y un m?ito del gobernador es la existencia de iniciativa política. La creación de mecanismos de promoci? e incentivo del empleo bajo formas novedosas, los reflejos prestos a la solución de los problemas provinciales. Este, y no otro, ha sido el principal aporte del gobierno al bienestar provincial. Y no es poco.
Pero nadie en su sano juicio puede pedirle al gobierno que se evada de los estrechos m?genes que le fija la situación económica nacional. Un gobierno provincial, cualquiera sea, carece de instrumentos para generar un modelo propio. Los m?genes con que cuenta son sumamente estrechos y carecen de relevancia para determinar flujos importantes de inversión. Córdoba no puede salvarse al margen del destino nacional. Córdoba no es una isla ni podrá serlo nunca.
La pretensi? insular ya ha tenido un traspi? Que no sean dos.

* Diputado Nacional César Albrisi
miembro del Bloque acción por la República
El artículo fue publicado en el diario la Nación del 19/11/2000