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Ya comenzó la confección del
Presupuesto Nacional para el año próximo. Aunque parezca mentira, esta costumbre
de prever el gasto con antelación a su aplicación, la experimentamos nuevamente desde principios
de los años '90, ya que, hacía décadas que el Presupuesto obedecía al anterior
inmediato, ajustando sólo
algunas cuestiones a la coyuntura del
momento.
Entendemos
como "Presupuesto",
al instrumento que
suministra información detallada sobre los
recursos necesarios para
lograr determinados resultados en su aplicación más eficiente. Relacionamos este instrumento al principio
económico que pretende "gastar mejor".
Si tenemos en cuenta que durante los años '90 la inflación fue casi nula, el
Presupuesto de entonces sólo se actualizaba, de acuerdo a los nuevos
emprendimientos públicos, al desprendimiento de alguna sociedad comercial en
manos del Estado nacional, a expropiaciones y adquisiciones públicas y a las
diferencias de caja de la administración.
Desde el desastre político económico acaecido desde fines de 2001, vemos que
muchas cuestiones en las Cuentas Nacionales han cambiado, pero no necesariamente
se modificó la estructura de los presupuestos posteriores; así, los números ficticios
de la deuda pública, los derivados de la asistencia a pobres e incapaces, los
relativos al sostenimiento del déficit de sociedades comerciales en poder del
Estado nacional, los subsidios a emprendimientos comerciales privados y
estatales, la incautación de fondos privados de jubilaciones, y todos esos
recursos y gastos
que se han agregado a la estructura del Estado, no vieron un reflejo inmediato
en la previsión de gastos, sino que, el gobierno se valió de un recurso perverso
que radicaba en la movilidad de partidas, ya no solamente entre los organismos
del rubro, sino de manera arbitraria e indiscriminada entre asignaturas de otra
índole, a piacere del Jefe de Gabinete de Ministros de turno.
Ante este escenario, no existe posibilidad de confeccionar un Presupuesto
Nacional en base a uno anterior, ni siquiera al previo inmediato, ya que su
aplicación fue desvirtuada de principio a fin.
La actual gestión de gobierno pretende sincerar los números a valores reales, ya
no sería el Estado nacional quien satisfaga el déficit entre el costo
subsidiado de la electricidad, agua, gas, transporte, etc, y el precio que las empresas le
cobran al consumidor que podría pagarlo; ya no habría fondos públicos
exorbitantes para emprendimientos privados de cinematografía, maquetas de
cosechadoras, erogaciones para obras inconclusas de rutas,
viviendas, trenes bala o rascacielos que jamás se concretaron. Entre otros
gastos ridículos, tampoco estaría destinando recursos de propaganda, que sirven
para evitar esa frase tan escuchada por los comunicadores que indican que "el
gobierno comunica mal".
De ser esto cierto, el Presupuesto Nacional 2019 no podría basarse en la
modificación de los anteriores, como vino ocurriendo con los últimos, ya que, de
ser así,
se estaría arrastrando esa mala costumbre que creó un desbarajuste inédito en
las Cuentas Nacionales.
Base Cero
El Presupuesto Base Cero es
el instrumento que utiliza la economía real para prever la asignación de
recursos, y consiste en crear un nuevo presupuesto de gastos, partiendo de una
base racional, es decir, no hereda ningún vicio, pozo ciego, ni pasivo oculto,
como los que encontramos en la administración pública cada vez que se realiza
una auditoría.
Esta modalidad tiene la
ventaja de eliminar las partidas obsoletas por diversos motivos, tales como las
derivadas de avances tecnológicos y de nuevas circunstancias del proceso
administrativo.
La oposición a un Presupuesto
Base Cero en la administración pública radica en las partidas eternas que
benefician a determinado grupo, y que, aún sin justificar su objeto real,
mediante contratos con terceros o gastos superfluos, sirven a la financiación de
la política sucia o, directamente, en forma personal a sus beneficiarios
particulares.
La razón más fácilmente
esgrimida para oponerse a la confección de estos presupuestos es que se tardaría
mucho tiempo en realizarlos; la verdad es que es notablemente fácil hacerlo, aún
en organismos elefanteásicos.
Para demostrar este
argumento, cabe destacar un claro ejemplo: Durante el año 1994, se realizó el
Presupuesto Base Cero en la Administración Nacional de la Seguridad Social; la
metodología utilizada fue la de enviar un formulario tipo, a cada departamento,
donde se asentaron las necesidades para el año 1995; esta actividad fue
coordinada por cada una de las cuatro gerencias (personalmente me tocó coordinar
la de la Gerencia de Asuntos Jurídicos), cuyos resultados fueron enviados al
Director Ejecutivo de la ANSeS, quien confeccionó el nuevo Presupuesto pocos
días después.
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El proceso de cada gerencia
demoró seis días hábiles, cuatro para recabar los datos, y otros dos para
corregir los errores, que fueron muchos. El resultado fue la eliminación del
gasto inútil y se tuvo un exacto conocimiento de las necesidades de cada área.
Aún sabiendo esto, alguien
podría pensar que extender esta modalidad a toda la administración pública
podría demorar más que modificar un presupuesto previo; aún en áreas donde sus
funcionarios carezcan del conocimiento básico para rellenar un formulario
responsablemente, esto podría extender su plazo al doble del que se usó en ANSeS
en 1994, cuando aún no era común el uso de Internet para comunicar los
resultados, pero si es realizado en el mismo período de tiempo, un Presupuesto
Base Cero para toda la administración
no debería extenderse más allá de quince días, desde que se emita
la orden de realizarlo, hasta que cada organismo envíe sus datos al responsable
de asentarlos en un nuevo presupuesto real.
La realidad
Lo que ocurre en la
actualidad es que, se toma el presupuesto anterior, se le aumentan partidas a lo
que requiere la política, la opinión pública y otros interesados, y se
confecciona un Presupuesto Nacional con duplicidad de funciones y gastos, con
subutilización de esfuerzos, con sostenimiento de partidas obsoletas y con el
amparo a vicios previos y sus agujeros negros, con la obligada corrupción que
necesariamente generan.
La experiencia nos indica
que, el resultado de arrastrar una previsión anterior es el que vemos
periódicamente: Cuando se detecta una necesidad real de gasto no prevista, se
aplican ajustes radicales sobre un área para enviar esos recursos a la que tiene
la necesidad real, que se emiten nuevos compromisos con aplicación específica o
que se cree algún impuesto que debería ser temporal, entre otras modalidades que
confirman el fracaso de una previsión de gastos que debería haber sido
eficiente.
La puja
La confección del Presupuesto
2019 ya comenzó, como era previsible, un grupo de determinada orientación
política pedirá el aumento de partidas para la extremadamente costosa justicia;
otro grupo pedirá que se aumenten los subsidios a la asistencia social; otro,
pedirá por la salud y la educación, aún sin importar dónde se aplicarían tales
incrementos; siempre existe alguno que sólo quiere aumentar todos los gastos y
para solventarlos propondrá la creación de nuevos impuestos; y así, cada grupo
emitirá una opinión para que sea difundida entre sus votantes, seguidores y
aplaudidores.
Todas estas propuestas se dan
en base a lo que trae como arrastre el presupuesto previo, el anterior y así
periódicamente desde tiempos inmemoriales... sólo unos pocos indicarán dónde
reducir alguna partida para asignar ese recurso a otra, también advertirán que el
gasto en fax, papel y cartas sigue siendo el mismo que cuando había
exclusivamente expedientes en papel y no era válida la comunicación electrónica,
entre otras cuestiones que, al expresarlas, se presentan como lógicas, pero que
en la administración pública no se toman en cuenta al momento de confeccionar
una previsión de gastos racional.
La esperanza no se pierde
Sería loable que el Poder
Ejecutivo, quien debe confeccionar el Presupuesto para el año próximo y enviarlo
al Congreso Nacional, comprenda la necesidad de realizarlo en base a una
previsión nueva y conectada con la realidad.
Cabe destacar que la elaboración de un "Presupuesto Base Cero" demora menos
tiempo que uno basado en uno anterior, aún cuando ambos sean confeccionados con
todos los rigores contables y de racionalidad necesarios.
Esto, que está relacionado
estrictamente con la contabilidad y los números sanos, no escapa a la perversión
del aparato político, de todas las tendencias del espectro, que quiere sacar
provecho a costa del erario.
Sólo la racionalidad en el
gasto público tenderá a sanear la economía en general, sería una tragedia para
los ciudadanos, que se repita aquella frase pronunciada por el entonces
presidente Alfonsín luego de renunciar: "La economía no pudo contra la
política".
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