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Ya comenzó la confección del
Presupuesto Nacional para el año próximo. Aunque parezca mentira, esta costumbre
de prever el gasto con antelación a su aplicación, la experimentamos nuevamente desde principios
de los años '90, ya que, hacía décadas que el Presupuesto obedecía al anterior inmediato, ajustando sólo algunas cuestiones a la coyuntura del
momento.
Entendemos como "Presupuesto", al instrumento que
suministra información detallada sobre los recursos necesarios para lograr
determinados resultados en su aplicación más eficiente. Relacionamos este instrumento al principio
económico que pretende "gastar mejor".
Si tenemos en cuenta que durante los años '90 la inflación fue casi nula, el
Presupuesto de entonces sólo se actualizaba, de acuerdo a los nuevos
emprendimientos públicos, al desprendimiento de alguna sociedad comercial en
manos del Estado nacional, a expropiaciones y adquisiciones públicas y a las
diferencias de caja de la administración.
Desde el desastre político económico acaecido desde fines de 2001, vemos que
muchas cuestiones en las Cuentas Nacionales han cambiado, pero no necesariamente
se modificó la estructura de los presupuestos posteriores; así, los números ficticios
de la deuda pública, los derivados de la asistencia a pobres e incapaces, los
relativos al sostenimiento del déficit de sociedades comerciales en poder del
Estado nacional, los subsidios a emprendimientos comerciales privados y
estatales, la incautación de fondos privados de jubilaciones, y todos esos
recursos y gastos
que se han agregado a la estructura del Estado, no vieron un reflejo inmediato
en la previsión de gastos, sino que, el gobierno se valió de un recurso perverso
que radicaba en la movilidad de partidas, ya no solamente entre los organismos
del rubro, sino de manera arbitraria e indiscriminada entre asignaturas de otra
índole, a piacere del Jefe de Gabinete de Ministros de turno.
Ante este escenario, no existe posibilidad de confeccionar un Presupuesto
Nacional en base a uno anterior, ni siquiera al previo inmediato, ya que su
aplicación fue desvirtuada de principio a fin.
La actual gestión de gobierno pretende sincerar los números a valores reales, ya
no sería el Estado nacional quien satisfaga el déficit entre el costo
subsidiado de la electricidad, agua, gas, transporte, etc, y el precio que las empresas le
cobran al consumidor que podría pagarlo; ya no habría fondos públicos
exorbitantes para emprendimientos privados de cinematografía, maquetas de
cosechadoras, erogaciones para obras inconclusas de rutas,
viviendas, trenes bala o rascacielos que jamás se concretaron. Entre otros
gastos ridículos, tampoco estaría destinando recursos de propaganda, que sirven
para evitar esa frase tan escuchada por los comunicadores que indican que "el
gobierno comunica mal".
De ser esto cierto, el Presupuesto Nacional 2019 no podría basarse en la
modificación de los anteriores, como vino ocurriendo con los últimos, ya que, de
ser así,
se estaría arrastrando esa mala costumbre que creó un desbarajuste inédito en
las Cuentas Nacionales.
Base Cero
El Presupuesto Base Cero es el instrumento
que utiliza la economía real para prever la asignación de recursos, y consiste
en crear un nuevo presupuesto de gastos, partiendo de una base racional, es
decir, no hereda ningún vicio, pozo ciego, ni pasivo oculto, como los que
encontramos en la administración pública cada vez que se realiza una auditoría.
Esta modalidad tiene la ventaja de eliminar
las partidas obsoletas por diversos motivos, tales como las derivadas de avances
tecnológicos y de nuevas circunstancias del proceso administrativo.
La oposición a un Presupuesto Base Cero en
la administración pública radica en las partidas eternas que benefician a
determinado grupo, y que, aún sin justificar su objeto real, mediante contratos
con terceros o gastos superfluos, sirven a la financiación de la política sucia
o, directamente, en forma personal a sus beneficiarios particulares.
La razón más fácilmente esgrimida para
oponerse a la confección de estos presupuestos es que se tardaría mucho tiempo
en realizarlos; la verdad es que es notablemente fácil hacerlo, aún en
organismos elefanteásicos.
Para demostrar este argumento, cabe destacar
un claro ejemplo: Durante el año 1994, se realizó el Presupuesto Base Cero en la
Administración Nacional de la Seguridad Social; la metodología utilizada fue la
de enviar un formulario tipo, a cada departamento, donde se asentaron las
necesidades para el año 1995; esta actividad fue coordinada por cada una de las
cuatro gerencias (personalmente me tocó coordinar la de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos), cuyos resultados fueron enviados al Director Ejecutivo de la ANSeS,
quien confeccionó el nuevo Presupuesto pocos días después.
El proceso de cada gerencia demoró seis días
hábiles, cuatro para recabar los datos, y otros dos para corregir los errores,
que fueron muchos. El resultado fue la eliminación del gasto inútil y se tuvo un
exacto conocimiento de las necesidades de cada área.
Aún sabiendo esto, alguien podría pensar que
extender esta modalidad a toda la administración pública podría demorar más que
modificar un presupuesto previo; aún en áreas donde sus funcionarios carezcan
del conocimiento básico para rellenar un formulario responsablemente, esto
podría extender su plazo al doble del que se usó en ANSeS en 1994, cuando aún no
era común el uso de Internet para comunicar los resultados, pero si es realizado
en el mismo período de tiempo, un Presupuesto Base Cero para toda la
administración no debería extenderse más allá de quince días, desde que se emita
la orden de realizarlo, hasta que cada organismo envíe sus datos al responsable
de asentarlos en un nuevo presupuesto real.
La realidad
Lo que ocurre en la actualidad es que, se
toma el presupuesto anterior, se le aumentan partidas a lo que requiere la
política, la opinión pública y otros interesados, y se confecciona un
Presupuesto Nacional con duplicidad de funciones y gastos, con subutilización de
esfuerzos, con sostenimiento de partidas obsoletas y con el amparo a vicios
previos y sus agujeros negros, con la obligada corrupción que necesariamente
generan.
La experiencia nos indica que, el resultado
de arrastrar una previsión anterior es el que vemos periódicamente: Cuando se
detecta una necesidad real de gasto no prevista, se aplican ajustes radicales
sobre un área para enviar esos recursos a la que tiene la necesidad real, que se
emiten nuevos compromisos con aplicación específica o que se cree algún impuesto
que debería ser temporal, entre otras modalidades que confirman el fracaso de
una previsión de gastos que debería haber sido eficiente.
La puja
La confección del Presupuesto 2019 ya
comenzó, como era previsible, un grupo de determinada orientación política pedirá
el aumento de partidas para la extremadamente costosa justicia; otro grupo
pedirá que se aumenten los subsidios a la asistencia social; otro, pedirá por la
salud y la educación, aún sin importar dónde se aplicarían tales incrementos;
siempre existe alguno que sólo quiere aumentar todos los gastos y para
solventarlos propondrá la creación de nuevos impuestos; y así, cada grupo
emitirá una opinión para que sea difundida entre sus votantes, seguidores y
aplaudidores.
Todas estas propuestas se dan en base a lo
que trae como arrastre el presupuesto previo, el anterior y así periódicamente
desde tiempos inmemoriales... sólo unos pocos indicarán dónde reducir alguna
partida para asignar ese recurso a otra, también advertirán que el gasto en fax,
papel y cartas sigue siendo el mismo que cuando había exclusivamente expedientes
en papel y no era válida la comunicación electrónica, entre otras cuestiones que,
al expresarlas, se presentan como lógicas, pero que en la administración pública
no se toman en cuenta al momento de confeccionar una previsión de gastos
racional.
La esperanza no se pierde
Sería loable que el Poder Ejecutivo, quien
debe confeccionar el Presupuesto para el año próximo y enviarlo al Congreso
Nacional, comprenda la necesidad de realizarlo en base a una previsión nueva y
conectada con la realidad.
Cabe destacar que la elaboración de un "Presupuesto Base Cero" demora menos
tiempo que uno basado en uno anterior, aún cuando ambos sean confeccionados con
todos los rigores contables y de racionalidad necesarios.
Esto, que está relacionado estrictamente con
la contabilidad y los números sanos, no escapa a la perversión del aparato
político, de todas las tendencias del espectro, que quiere sacar provecho a
costa del erario.
Sólo la racionalidad en el gasto público
tenderá a sanear la economía en general, sería una tragedia para los ciudadanos,
que se repita aquella frase pronunciada por el entonces presidente Alfonsín
luego de renunciar: "La economía no pudo contra la política".
Gustavo P. Forgione
Director
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La Hoja
Federal
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