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Cuando comenzaron a saberse las sospechas y se
hicieron públicas las causas que incriminan al vicepresidente en escandalosos
actos de corrupción cambió la forma de pensar acerca de cómo sería posible el
retorno a un régimen de estado de derecho, para los que pretendemos que nuestro
país sea una república.
Previamente a esta cuestión, se pensaba que,
con tan sólo la renuncia de quien aún ocupa la presidencia de la Nación y
algunos funcionarios, podía recuperarse el respeto a la ley y el retorno a un
gobierno más honorable, que trascendería en un país más digno; ante el esquema
actual, la cuestión es aún más compleja.
No sólo se sigue una ruta del dinero de la
familia gobernante proveniente de la corrupción desde antes del año 2003 en los
medios periodísticos, también lo hacen organismos extranjeros como la agencia de
inteligencia de los Estados Unidos, que estudia una línea de lavado de dinero
que ronda los 63.000 millones de dólares; la autoridad bancaria suiza, que
estudia la titularidad de cientos de cuentas relacionadas al socio santacruceño
de la familia Kirchner; la Security Exchange Commission, que estudia varios
casos de movimientos sospechosos y hasta actos de corrupción con la línea aérea
en manos del estado argentino que podrían sancionar a la fabricante de aviones
brasileña Embraer, desde una multa, hasta el retiro de su cotización en Wall
Street.
Cuestiones como éstas, pese a que el
vicepresidente esté acusado de presionar a empresarios para su propio beneficio
y de urdir, mediante un falso plan de viviendas, un fraude al Municipio de la
Costa entre otras calamidades, dejan al vicepresidente en un escalón más bajo en
prestigio delictivo, pero suficiente para no merecer la sucesión presidencial.
Ahondando más en los posibles sucesores, queda
claro que la corrupción ha hincado un puñal en lo más hondo de los estrados
gubernamentales de los tres poderes y de las instituciones, otrora
independientes. Hoy resulta que no existe escondrijo que no haya sido invadido
por este grupo oficialista ya que, quien debería controlar al poder, también
forma parte de éste.
Así vemos que, si algún fiscal, juez o
integrante de un organismo de control osare cumplir con su deber e investigue a
algún funcionario que forme parte del grupo oficialista, el aparato lo
investigará a él y desplegará todo su poder para desprestigiarlo, iniciarle
algún juicio político, encontrarle alguna causa impositiva o cualquier otro
recurso que neutralice su cometido.
Claramente, huelgan los nombres propios, puesto
que se han hecho públicos los de varios jueces y fiscales cesados, enjuiciados,
suspendidos y otro tanto con empresarios a los que se los ha puesto bajo la lupa
de la autoridad impositiva, se les han imputado cuestiones familiares o se le
han redactado leyes especiales para perjudicarlos.
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Por estos días, estamos viendo como, ante el
comienzo de las investigaciones formales sobre el lavado de dinero de la familia
presidencial, el jefe de gabinete de ministros propuso una comisión bicameral
que investigue el lavado de dinero de algunos empresarios; que ante la denuncia
de irregularidades sobre el patrimonio de la señora presidente, el mismo
personaje pide otra comisión bicameral para investigar por igual motivo al resto
de los empresarios. Esto, que en los países donde reina el derecho y el sentido
común sería motivo para pedir la destitución del eventual vocero, en Argentina
se ha hecho carne y ya forma parte de la costumbre.
Ante tal escenario, donde la libertad de
expresión constituye algo que el gobierno intenta limitar con el torpe argumento
de preservarla, donde el real descalabro económico pasó a ser un problema
secundario, donde las buenas costumbres son cuestiones formales a omitir y donde
la moral y las buenas costumbres son catalogadas como algo antiguo y fuera de
moda; debe revertirse para poder vivir en un país donde los ciudadanos se
sientan orgullosos.
Para que esto ocurra, el gobierno debe ser
reconstruido; algo que no puede suceder con los actuales miembros. Cada día que
pasa, la matriz productiva se deteriora; cada día que el gobierno malgasta los
recursos de los ciudadanos, somos todos un poco más pobres; cada día que
consumimos energía para vivir, nos endeudamos porque no nos autoabastecemos;
cada día que éste gobierno nos dice que estamos mejor, que no hay inflación ni
inseguridad y que vamos por el camino correcto, cada día de estos somos un poco
menos inteligentes y nos alejamos de los principios que nos dieron, hace mucho
tiempo, la identidad de país.
Será hora de ir pensando
en cambiar los miembros que ocupan el gobierno o soportar la idea de ser cada
día un poco peores personas.
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