Por estos días vivimos momentos
de cambios, algunos graduales, otros drásticos.
Vemos que el Congreso Nacional
volvió a elaborar proyectos de su seno y, mejor aún, retornó la costumbre de
debatir y modificar las propuestas del Poder Ejecutivo; algo que no observábamos
desde hace demasiados años y que confirma el retorno a un sistema republicano
honrado.
Claramente, la política es
ejecutada por personas y, eventualmente, podemos ver una exacerbación de
protagonismos que resultan vergonzosos por parte de algunos personajes que
quieren hacerse notar o demostrar su poder opositor u oficialista, tanto en los
exaltados debates parlamentarios, como en las opiniones frente al
encandilamiento de un estudio de televisión.
Estas conductas, por parte de
legisladores o altos funcionarios del Poder Ejecutivo, como mucho, pueden
producir vergüenza ajena y bochorno en los ciudadanos, siempre que la idea
errónea de la importancia de quien detenta un extremo individualismo, no afecte
la función pública o la representación a la que se debe, ya que, de persistir en
la exageración, provocaría más crispación e ira, que bochorno.
Independencia de poderes
Otra recuperación que se observa
en las instituciones, más allá de la rehabilitación de la facultad legislativa
del Congreso, es la no intervención del Poder Ejecutivo en
las decisiones de la justicia. El contexto actual dejó en evidencia que, en
general, los magistrados y fiscales del Poder Judicial no tienen la capacidad de
resolver cuestiones simples ni de impartir justicia.
Salvo honrosas excepciones,
quines deben despejar dudas sobre hechos criminales e indicar responsabilidades
o culpas lo hacen tarde, mal o no lo hacen, sembrando incertidumbre en los
ciudadanos a los que deberían servir.
Las manos de Nisman
Para citar casos concretos,
existen algunos que se presentan como ejemplares; el más grave es el caso del
homicidio del Fiscal Alberto Nisman, el cual, probado que el asesinado no
disparó su arma, la fiscal se aferró a la hipótesis más inverosímil como es el
suicidio.
Tras lamentarse
públicamente por no haber encontrado vestigios de pólvora en las manos del
fallecido, la fiscal Fein repitió las pruebas hasta el hartazgo. Ordenó que
lleven el arma a un laboratorio, ya no para dilucidar el motivo por el cual el
arma homicida no tenía ninguna huella dactilar, ni del homicida ni del suicida,
sino para probar que existía la posibilidad de que el arma en cuestión podía no
dejar rastros de las substancias que dejan las armas en las manos de quien las
dispara. Esto no ocurrió, y en todos los experimentos, el arma dejó vestigios
claros.
Es evidente que la fiscal no
quiso dilucidar ninguna duda, sino que puso durante más de un año toda la
burocracia a su cargo, con el sólo fin de probar la hipótesis más inverosímil,
ante una escena del crimen contaminada por varias decenas de visitantes
innecesarios.
Será responsabilidad del mismo
aparato judicial al que pertenece la fiscal, averiguar qué motivó a la Dra. Fein
a sustentar tal presunción como válida y decidir el escarmiento para tal dolo;
pero se presume imposible que esos magistrados puedan averiguar el objeto de la
obsesión inadmisible de la inhábil fiscal, si no supieron advertir, durante más
de un año, que nadie puede suicidarse si es otro el que le dispara le y luego
del asesinato limpia las huellas digitales del arma.
Las manos de Xipolitakis
Un caso menos grave pero mucho
más burlesco que el asesinato del fiscal Nisman, es el que, con notable
celeridad, está por ir a juicio oral; es la causa contra la vedette Victoria
Xipolitakis, quien ya fue advertida de que, por sus acciones, éste Poder
Judicial le trabó embrago monetario y podría condenarla a ocho años de prisión.
Resulta obvio que cuando alguien
ingresa a un avión, queda bajo las órdenes del comandante, quien es la autoridad
a bordo; facultad heredada del derecho marítimo, en el cual, el capitán de un
buque puede casar, divorciar, encarcelar y aplicar penas a los pasajeros que no
acaten sus directivas.
Pareciera que para el caso de la
vedette, la carga de la prueba se invirtió; ya que la acusación es de acuerdo a
la figura del “pasajero disruptivo” pero, en este caso, se trató de todo lo
contrario. |
Resulta que “pasajero
disruptivo es aquél que adopta conductas alteradas, violentas o revoltosas que
interfieren en las obligaciones y funciones de la tripulación, y perturba la
tranquilidad de los otros pasajeros, y que desde el punto de vista psicológico,
pueden ser portadoras de una personalidad normal o anormal".
Para cualquiera que haya visto
el video que la vedette hizo público, queda demasiado claro que el único
“alterado” en esa escena era el comandante que, seguramente embriagado por la
secreción de hormonas, había perdido el control, el decoro y el sentido de
responsabilidad de su cargo.
La invitación para que un
pasajero permanezca en la cabina no es una falta, y es relativamente frecuente,
ya que, si se cumple con el protocolo de seguridad que implica que durante las
operaciones de despegue y aterrizaje, bajo la altura de seguridad, los únicos
diálogos deben ser los relativos a esas operaciones, lo que se llama “cabina
estéril”, pudiendo relajarse sólo cuando el vuelo es seguro. En todos los casos,
la responsabilidad de que ese ambiente de seguridad operacional se quiebre, es
del comandante; bajo ningún caso, la responsabilidad de un descuido puede
atribuirse a un pasajero invitado.
La causa judicial contra
Xipolitakis resulta más grotesca aún que la conducta del comandante y la
pasividad del copiloto ante semejante falta. Para un funcionario judicial las
cuestiones de la “farándula” deberían ser irrelevantes, pero esto es algo que
demasiados jueces ignoran.
El sólo hecho de que un
magistrado distraiga tanto el derecho como para inculpar a terceros, en vez de
encargarse de una cuestión resuelta por flagrancia, deja claro el motivo por el
cual las causas que realmente merecen ser investigadas, no encuentren solución.
Las manos de la justicia
Llama la atención que, por estos
días, se estén desempolvando expedientes judiciales de los que descansaron
durante tiempos exorbitantes en los estantes de los tribunales.
Existe
el dicho que indica que “un crimen puede resolverse con los datos obtenidos en
las primeras horas de descubierto”, no obstante, cabe recordar el trágico caso
Fraticelli; trágico por su resolución errónea inicialmente, que arruinó la vida
de una familia, al punto de provocar el suicidio de la madre de la niña
fallecida, y trágico por el fracaso rotundo de la administración y aplicación de
justicia de una forma inconcebible.
Otro caso curioso es el
homicidio de Nora Dalmasso en la localidad de Río Cuarto hace diez años, la
cual, sin existir hechos nuevos ni pruebas que no hayan podido ser recabadas
inmediatamente, ahora se reactivó mágicamente.
Respecto de las causas de
corrupción, vemos como el aparato judicial sobrepasó todos los límites
cronológicos; ya no sólo por lo ocurrido durante la presidencia de Cristina
Fernández, sino por una anterior, que despertó sorprendentemente luego de
adormecer desde 2007, con algún bostezo frívolo en cada campaña electoral, como
es el caso de la financiación de la campaña electoral del Frente para la
Victoria con lavado de dinero proveniente de actos ilícitos.
Cabe destacar que la justicia de
Brasil está investigando un causa idéntica, que puede concluir con la disolución
de la fórmula presidencial de Dilma Rousseff, dar por nula su presidencia y
dejar en manos del presidente de la Cámara de Diputados, quien deberá llamar a
elecciones en 90 días. Todo ello, en honor a la justicia.
En Argentina, la justicia olvidó
estudiar el caso similar desde 2007, al punto de permitir dos elecciones
presidenciales y cuatro elecciones de representantes. Todo ello, en honor a
alguna parcialidad.
Seguramente aparecerán causas nuevas y despertarán otras
que disfrutaron de sus sueños, pero sólo prevalecerá el derecho cuando el Poder
Judicial actúe a la altura del sentido común, de la decencia y sienta vergüenza
de sus miembros cómplices, cobardes o incompetentes.
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