|
Finalmente, la Legislatura, fuertemente influenciada
por Ibarra y sus amigos del Colegio público de Abogados de la Capital
Federal (CPACF) aprobó la Caja de jubilaciones para abogados, que fuera
fuertemente resistida por importantes sectores profesionales y civiles de
la sociedad porte?.
El grupo de abogados que propici?la iniciativa está
conformado por radicales, frepasistas, sectores no alineados del PJ,
abogados del ARI y kirchneristas de la vieja y la nueva hora. Todos ellos,
en la última elección del CPACF, nucleados detrás de la candidatura de
Hugo Germano, obtuvieron menos del 30% de los votos. Las dos listas que le
siguieron en orden sumaban juntas el 37% (Rivera 22% y Borda 15%) y para
esta ocasi?, militaban juntas en contra de este proyecto.
Este dato pareci?no importarle demasiado al
oficialismo del CPACF, que gracias a las buenas artes de uno de sus
miembros más prominentes, el propio Ibarra, consiguió el apoyo para la
sanción de la ley de unos cuantos legisladores que está a punto de
finalizar sus mandatos, quienes cual ejército en retirada, van salvando
las pocas pertenencias que les quedan.
El proyecto significa un aporte compulsivo del 5% de
todos los honorarios (judiciales y extrajudiciales) que perciba el
profesional; el aporte mínimo mensual es exigible compulsivamente y
ejecutable por v? de apremio; ese aporte debe hacerse aunque supere el límite mínimo anual, por lo que si ello sucede la reglamentaci? a
dictarse (??) determinar?como se devuelve el excedente. Al iniciar cada
proceso el abogado deberíapagar un bono previsional; las partes también
financiar? la caja, pagando un aporte sobre la tasa de justicia y sobre
las costas, con lo cual se encarece el acceso a la justicia. La Caja será
parte en todos los procesos, con las consiguientes complicaciones que ello
supondr? Finalmente, la asamblea de la caja podrá fijar otros aportes y
los directores de esta Caja cobrar? sueldos que financiar?el abogado
con sus aportes.
Los diputados macristas Oscar Moscariello y Jorge
Enr?uez criticaron la norma por considerar que "contradice la
Constitución nacional, ya que el Estado porte? no estará habilitado
para la creación de una nueva caja de seguridad social".
Comunas
Siguiendo esta t?ica, el oficialismo sac?dictamen en la Comisión de
Descentralizaci? para tratar en el recinto la ley de comunas, después de
demorar su tratamiento más de tres años.
Nadie niega la facultad que le cabe a la
Legislatura de sancionar esa norma, pero s?es cuestionable que se pretenda
forzar la marcha para sancionar una ley armada a la medida de un escenario político
que ya no existe.
|
En efecto, el último 24 de agosto, una nueva fuerza política gan?un
importante espacio consagrando 23 legisladores. El Frente Compromiso para el
Cambio (FCPC) se constituyó así en la primera minor? dentro de la futura
legislatura, mientras que el Ibarrismo cuanta con 21 bancas. Por su parte, 8 bancas corresponden
 al Zamorismo, 6 al Bullrichismo, una banca a Izquierda
Unida y la restante a la UCR.
Esta nueva legislatura poco tiene que ver
con la que habrá de cesar en pocos días m?. Los porteños decidieron por
ejemplo, que la UCR bajara su representación original de 12 miembros a tan sólo uno (V?quez) a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, 11 de esos
diputados contribuir? con su voto para aprobar la división de la ciudad en
16 comunas, mientras la propuesta del espacio macrista, largamente difundida
durante la campaña electoral, contempla sólo 8 comunas. Este es tan solo un
ejemplo de las profundas diferencias entre las posiciones sostenidas por el
oficialismo y por nosotros.
Las leyes son las normas que regulan la vida
en sociedad. Como tales deben responder a un criterio de m?ito, oportunidad
y conveniencia. La ley que impulsa el oficialismo está sumamente cuestionada
además de por el FCPC, por casi 150 organizaciones no gubernamentales. No
está de acuerdo ni con el fondo ni con la forma en que se ha debatido este
asunto entre los vecinos. Por su parte, a esta Legislatura la oportunidad le
pas?hace rato (por ejemplo, en el 2002), cuando deberían haberla sancionado
para que en las elecciones de 2003 se hubiera votado por distrito unico y por
comunas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esto reci? serán operativo en
2005, no debería haber ahora apuro alguno. Finalmente, a la luz de lo
expresado, no parece conveniente que una ley que merece tantos reparos y que
no cuenta con la legitimidad electoral que en mejor condici? ostentan los
recientemente votados, sea sancionada de espalda a los vecinos de Buenos
Aires. 
Dr.
Martín Borrelli
borrelli@federal.org.ar
Presidente del Partido
Federal
|
El
estilo "K" tiene un propósito sólo un cambio de Establishment
Bancos de argentinos
