El Poder Judicial y Ministerios públicos de la Provincia de Buenos Aires está atravesando el comienzo de un cambio estructural, a ra? de la modificación del Código Procesal Penal de la Provincia de Bs.As. El mismo, grandes rasgos y como notas distintivas, ha hecho recaer la tarea pesquisitiva en manos de Fiscales, desplazando a los jueces instructores, reservando a los Jueces el rol de "garantes" de los derechos de los imputados y del principio de legalidad; a la vez que ha venido acompañado de la creación de nuevos cargos, muchos año sin cubrir.

Los resultados prácticos año está por verse, entendiendo que ver a pleno el funcionamiento del nuevo sistema demandar?unos ocho años más, y reci? ah?se podría sacar conclusiones definitivas. Lo cierto, es que el presente no es muy alentador. Las causas iniciadas bajo el anterior régimen, han quedado radicadas en "Juzgado de Transici?", donde en uno se concentraron más de un Juzgado Criminal y Correccional –ahora disueltos- que parecen que se perpetuar? en su funci?, más allá de lo que normativamente se quiera imponer. allá cotidianamente se ven empleados desmotivados, atestados de trabajo, conviviendo con situaciones de privaci? y retardo de justicia, que se han asimilado como naturales. Hoy por hoy, en su mayor?, estos juzgados trabajan causas con delitos de acción pública (en los que el estado, sea por el Juez o por el Fiscal, teúnicamente debería actuar independientemente de la presentación de un damnificado), a instancia de parte, por falta de recursos.

Casos como los Juzgados de Transici? de San Isidro, de San Martín, Campana, Lomas de Zamora, etc., son testigos de esto. En muchos de ellos, y a pesar de los enormes esfuerzos de los Jueces, Secretarios y empleados, año se encuentran paquetes de causas que deberían estar en tr?ite, sin desatar, deconoci?dose siquiera qué hay adentro. Ni qué hablar de la documentaci? o efectos que deberían conservarse, donde su búsqueda puede demandar hasta meses.

Por otro lado, las nuevas estructuras judiciales creadas, cuentan con una gran juventud en sus filas, que si bien trasunta una carga de entusiasmo y motivaci? positiva, presenta como contrapartida la falta de experiencia esperada para los cargos que ha tocado cubrir. Sin perjuicio de ello, se nota en los jóvenes funcionarios gran ?petu en capacitarse, no obstante las dificultades económicas y de tiempo que los aqueja.

Finalmente, debe señalarse que año falta aceitar los elementos, ya que la enorme inversión efectuada no se condice con los magros resultados obtenidos; ej.: la informatizaci? año goza de gran resistencia entre los funcionarios y empleados, todavía la justicia depende en demas? de la Policía para tareas básicas, etc.

Se ha nombrado un gran Número de Instructores Judiciales, dependientes del Ministerio público Fiscal, con salarios y cargos equiparados a los de los Secretarios de Juzgados, abogados, de los que cabe esperar mayores resultados, esperando que con el tiempo, estos se produzcan, debiendo efectuarse, al menos para con estos, un sistema de control y evaluaci? de productividad.

En cuanto a la Justicia Federal, si bien corresponde su tratamiento a la Nación, vemos que existe también atraso en la tramitaci? de expedientes, siendo necesaria la creación de más Juzgados de primera instancia, principalmente en el conurbano, donde los delitos de su competencia son mayores –drogas, secuestros extorsivos, violaciones a las leyes de marcas y patentes, contaminació , etc.

A la hora de hablar de soluciones, el foco deberíaser puesto en la capacitaci? del personal. No hay otra solución – por más dram?ica que parezca - que esperar a que los actuales miembros del Poder judicial y ministerio público ganen experiencia y capacitaci?. Salarialmente este sector, con relación al resto de las actividades públicas y año privadas, no está mal.

Creemos necesario –esto s? a pesar de la resistencia que generarán aumentar el horario de tareas –no sólo en el fuero penal- a fin de acelerar el tr?ite de los procesos, no obstante la cantidad de horas extras no remuneradas que cumplen los empleados en much?imos casos.

Se impone la concentraci? edilicia de Juzgados, UFI?s (Unidades Fiscales de Investigaciones), defensor?s oficiales y Alcaldías, lo que a la a larga minimizar?costos, por ejemplo en tareas de custodia, cabiendo la posibilidad de unificar con los edificios de Tribunales, unidades del Servicio Penitenciario y Comisar?s.

En cuanto a los Juzgado de Transici?, deberíaasignarse un mayor Número de personal con carácter de urgente, a través de contratos temporarios, en lo posible de abogados, para resolver los legajos.

Una nueva solución aparece hoy como posible y hasta ahora ninguna voz se manifestado al respecto: la posibilidad de implementar contratos de pasant?s (Ley 25.165) con estudiantes universitarios sea de derecho para actuar en UFI`s y Juzgados; de Asistencia Social para colaborar con los patronatos; de ingenier? para realizar tareas estad?ticas serias y liberar de estas a los empleados judiciales; de medicina y sicolog? para asistir a los m?icos y sicómogos forenses; con estudiantes terciarios en criminal?itica, caligraf?, etc. para colaborar con los cuerpos periciales.

Finalmente, deberían cambiar su mentalidad los operadores del sistema que en muchos casos, siguen actuando como en el anterior. así debería prohibirse el envía de las causas a las comisar?s, debi?dose sólo ordenar tareas delegables en casos excepcionales y de necesidad estricta, para que la investigación sea totalmente judicial.

Hoy por hoy, creemos que no convendría volver atrás con los cambios ya en marcha, sino corregir el rumbo de los mismos, exigiendo de parte de los funcionarios y magistrados una mayor productividad y eficiencia, dando soluciones espec?icas a los problemas particulares de cada departamento judicial, para lo cual se requiere de funcionarios que los conozcan, que los hayan caminado (o padecido) y que sean guiados, ante todo, por el sentido común.