Y finalmente le toc?
el turno a lechuga como responsable del proceso inflacionario. El
secretario Moreno ha decidido establecer una serie de precios
indicativos para las frutas y verduras. Un tiempo atrás fue la carne,
luego la indumentaria, después los alquileres, el trigo, el gasoil,
los l?teos y, seguramente, en los próximos días le llegar?el momento
al ma?. Recuerdo que un productor ganadero amigo me dijo, cuando el
tema de la carne estaba en plena efervescencia, que no había que
contestarle al Gobierno, sino que había que esperar a que se la
agarraran con otro sector.
A esta altura del
partido, el Gobierno debería preguntarse seriamente si su política
económica es la correcta, porque si todas las semanas tiene un
problema distinto con el precio de un producto diferente, la solución
tienen que empezar a buscarla por otro lado.
Lo
concreto es que el precio de la lechuga ha pasado a ser una cuestión
de Estado y los funcionarios públicos está abocados a tratar de
evitar lo inevitable: que los precios sigan reflejando la cruda
realidad inflacionaria. Este modelo económico, por definición,
necesita de dosis crecientes de inflaci?. Mientras las autoridades no
reconozcan este problema de base, el secretario Moreno continuar?
cobrando un sueldo para hacer algo que es absolutamente inútil: tratar
de evitar la desvalorizaci? del peso poniendo precios m?imos. Moreno
trabaja sobre los efectos y no sobre las causas.
Justamente, esta
política de permanente intervenci? en los precios se contradice con
los dichos de Felisa Miceli de unos días atrás. Afirm?la ministra:
?Como suele decir el presidente Néstor Kirchner, los funcionarios
somos transitorios, es el sector privado el que tiene permanencia. Por
eso tienen que ser ustedes los que defiendan este modelo productivo de
dólar alto, competitividad, creación de empleo e inclusi? social?.
Uno no puede dejar de estar de acuerdo con la Afirmación de Miceli de
que los funcionarios son transitorios. Tan transitorios que basta con
repasar la historia política reciente de la Argentina para darse
cuenta de cu? ef?eros pueden llegar a ser los funcionarios públicos,
transitoriedad que debería constituir un serio llamado de advertencia
a los abusos de poder, prepotencia y aires de venganza.
también es toda una
definición la de Miceli cuando sostiene que los empresarios tienen que
defender este modelo productivo de dólar alto y competitividad. En
rigor, esta Afirmación es una contradicci? de términos. Justamente,
el Gobierno pone el dólar alto para, entre otras cosas, disimular, detrás de un muro cambiario, la falta de competitividad de amplios
sectores de la economía argentina. No se es más competitivo porque los
salarios en dólares son deliberadamente bajos. Se es más competitivo
porque: a) el Estado no entorpece el funcionamiento de la economía con
regulaciones absurdas, gastos innecesarios y sistemas impositivos
confiscatorios y b) en un contexto de libre competencia, el empresario
asigna los recursos productivos de tal manera de ofrecer en el mercado
la mejor combinación posible de precio y calidad. Pero, insisto, tener
un dólar alto para no competir no significa que la economía sea
competitiva. sólo se disimulan por un tiempo las ineficiencias. |
Por otro lado, es
obvio que el empresariado va a defender un modelo de estas
características, si en realidad casi todos pensamos en el corto plazo
y en el largo se ver?qu?se hace. La mayoría de los dirigentes
políticos se lanzan a ganar las elecciones sin tener la menor idea de
qué es lo que van a hacer una vez que lleguen al poder. Para muchos de
los políticos, las políticas públicas de largo plazo no son un tema, sólo es relevante lo inmediato. Ahora bien, si la dirigencia política
establece estas reglas de juego de corto plazo, la pregunta es: ?por qué los empresarios no van a adaptarse a esas reglas y tratar de
maximizar sus utilidades en el corto plazo? Los empresarios, los
dirigentes sindicales, cada uno de nosotros vive el Día a Día y no
formula grandes proyecciones de largo porque sabe de los violentos
cambios en las reglas de juego que imperan en el país. De manera que
todos actuamos en base a las reglas imperantes tratando de sobrevivir
en esta jungla de saqueos.
Lo que en definitiva está pidiendo la ministra es que se apoye este modelo de conflicto
social por el cual los ingresos de cada uno dependen de la capacidad
de presi? o lobby para obtener una porción mayor de la renta
nacional. Aquí no existe ning? modelo productivo, lo que tenemos es
un modelo de extorsi? para apropiarse del ingreso de los otros. La
misma caja que maneja el Gobierno y que se desvive por mantener
confirma mi visión de saqueo generalizado. ?Para qué sirve esa famosa
caja? Para comprar voluntades y tratar de tranquilizar a los sectores
más exaltados (como Hugo Moyano o Luis D?El?, por ejemplo).
Ahora bien, ?de d?de
salen los recursos para financiar esa caja? De la existencia de una
política impositiva salvaje. Por lo tanto, es el mismo Gobierno el que está enviando claramente las se?les de cu?es son las reglas de
juego. Invertir y ser eficiente no es negocio bajo este modelo. ?Para
Qué hacerlo si tengo un dólar alto que me cubre de la competencia
internacional? Aquí hay que trabajar para estar cerca de los
funcionarios públicos y lograr su apoyo. Finalmente, son ellos los que
deciden si usted puede exportar o no sus productos. Si puede subir el
precio. Si los costos que tiene son los ?correctos? según el criterio
del funcionario de turno. ?por qué invertir y ser competitivo si
después viene un funcionario y me dice que tengo que bajar los precios
porque estoy ganando ?mucho? o me hace responsable de un proceso
inflacionario que el mismo Estado está fogoneando?
En definitiva, Felisa
Miceli le propone al sector privado que defienda un modelo de saqueo.
De lucha por la distribución del ingreso. De todos contra todos. Y la
gente tal vez no lo defienda, sino que se adapte a ?, sabiendo que,
bajo estas reglas de juego, hay que tener pocos escr?ulos para poder
sobrevivir.


Lic. Roberto Cahanosky
Licenciado en economía.
Consultor económico.
Autor del libro "economía para todos".
Columnista de temas económicos.
Profesor titular de ESEADE y CEYCE.
Presidente del Centro de Estudios económicos e Institucionales.
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