La Hoja Federal

El sistema democr?ico de gobierno puede ser suprimido de muchas maneras, la m? conocida para los argentinos es por la v? del golpe de estado, ya sea c?ico-militar o militar a secas. Otra manera tan efectiva como la descripta, pero m? sutil y deleznable es por medio de la misma democracia. C?o puede ser esto posible? De la manera que hoy lo est?haciendo la clase pol?ica argentina al reaccionar tarde ante el esc?dalo de los sobornos en el Senado. Una vez m?, algunos pretenden disfrazar la decadencia del sistema pol?ico argentino detr? de la m?cara de una simple crisis pol?ica.
De todas las variantes que distintos sectores y partidos est? analizando para revertir el derrumbe del Senado, la ?ica que puede constituir una se?l para toda la sociedad, es que los actuales senadores renuncien a sus bancas y den paso a una nueva composici? del Cuerpo.  Otro tanto deber?n hacer los funcionarios del Poder Ejecutivo involucrados en el asunto, es decir el Ministro Flamarique y el Secretario Santiba?z. La credibilidad es uno de los pilares donde se asienta la representaci? conferida por el pueblo y unos y otros han perdido esa condici? frente a la sociedad.

Dentro de la variante se?lada, la de llamar a comicios para que sea el pueblo el que elija los nuevos senadores, es sin duda alguna, la forma m? representativa de todas.

Otras alternativas, como son el desafuero de los ocho senadores imputados por el Juez Liporaci, el desafuero de todos los senadores sin distinci? de bancadas para que el Juez pueda investigar libremente, o la simple renuncia a los cargos de Bloque de parte del Senador Alasino o del Senador Galv?, son simples actos de cosm?ica que el ?ico efecto que conseguir? es cambiar algo para que nada cambie.
Como dijimos en el n?ero anterior, desde 1983 al Senado lo fueron matando suavemente; las sospechas sobre la designaci? de jueces, nombramientos de personal, cambio de favores por leyes y otras cuestiones por el estilo, no han hecho m? que erosionar su imagen ante la sociedad. Para colmo de males, la reforma del ?94 lo puso como moneda de cambio del pacto entre Menem y Alfons?, y no bastando con 48 se aument?sin ninguna necesidad la representaci? a 72 senadores, con el agravante de que ahora dependen m? de los dos partidos mayoritarios que de las provincias.

LA JUSTICIA Y LA POLITICA DEBEN ACTUAR SIMULTANEAMENTE

Es falso que deba esperarse el veredicto del Juez para reci? ah? meter mano en los cambios que nuestro sistema institucional –en este caso el Senado y por que no, el Congreso entero- reclama desde hace mucho tiempo. Esta es la posici? de los que especulan con que no se puedan recolectar las pruebas y por ende, no haya culpables. Entonces dir?: “aqu?no ha pasado nada, fue una maniobra, ha quedado a salvo el buen nombre y honor del Senado de la Naci?”.
La investigaci? sobre la existencia de sobornos para votar la reforma laboral deber?resolverse dentro del marco de la causa que tiene a su cargo el Juez Liporaci y la posible comisi? de delitos por parte de senadores y funcionarios del Poder Ejecutivo ser?juzgada a la luz de las normas del C?igo Penal.

Paralelamente, y sin que el resultado de la causa influya en lo m? m?imo, la dirigencia pol?ica de todos los partidos est?obligada a producir un verdadero ajuste en la pol?ica, m? cercano a una refundaci? del sistema pol?ico que a una mera reforma.

NO SE TRATA DE UNA CRISIS MAS; ESTAMOS ANTE LA DECADENCIA DE UN SISTEMA

De lo que se trata justamente, es de aprovechar la oportunidad para introducir modificaciones que hagan del pr?imo Senado, del Congreso todo y de la pol?ica en general, un ?bito verdaderamente honorable y no el refugio de mercaderes.
Se sostiene que la actual Constituci? no permite la elecci? hasta el 2001 de los nuevos senadores por el voto popular. Pues bien, si esa es la interpretaci? constitucional,  habr? que echar mano de herramientas tambi? constitucionales, pero m? dr?ticas y menos contemplativas de intereses sectoriales. Una sucesi? de crisis pol?icas como la que ha vivido nuestro pa? en los ?timos 10 a?s, no es una crisis m?, es la decadencia misma y para enfrentarla se requiere una visi? no comprometida y audaz.
Entre las medidas posibles no debe descartarse una convocatoria para reformar la Constituci? para permitir anticipar dichas elecciones dando as? legitimidad al tan necesario recambio. Y las modificaciones no deber?n parar ah? hay que volver a la Constituci? del ?53 y eliminar el tercer senador que incorporaron Menem y Alfons? de manera espuria al n?leo de coincidencias b?icas que dio lugar al texto de 1994. Un an?isis serio y pormenorizado seguramente tambi? dar? por tierra con la Jefatura de Gabinete, injerto prohijado por el lider de la UCR.
Es probable que la ciudadan?, hastiada de tanta pol?ica barata, desconf? de esta iniciativa. Al final de cuentas pueden pensar con toda raz? que los que puedan venir habr? de ser igual a los que est? actualmente. Por eso, es necesario un acuerdo nacional para avanzar en otras modificaciones. Insistimos que debe ser una refundaci? y no una simple reforma.
A la ya remanida propuesta de eliminaci? de las listas s?ana, hay que optar por el sistema de tachas y preferencias para que el ciudadano pueda sortear las vallas que imponen las estructuras partidarias; no alcanza con recortar el plazo de las campa?s, hay que mejorar la calidad de las mismas y no hacemos alusi? a las piezas de proselitismo, sino a imponer la obligaci? de que debatan proyectos y propuestas los principales candidatos y a que den a conocer sus equipos de gobierno; las nuevas tecnolog?s no pueden ser ajenas a esta “refundaci?”  del sistema: el voto electr?ico, las audiencias por Internet, el reemplazo de las fichas de cart? por registros digitales y la mayor movilidad de los mismos, son otros aspectos a tener en cuenta. La “crisis” del Senado puede ser un formidable punto de partida para encarar una etapa nueva.

Dr. Mart? Borrelli
Presidente del Partido Federal

La Extraterritorialidad de la Justicia
Tratamiento Dis?il
Por el Dr. H?tor Huici

No deja de llamar la atenci? el contraste entre las actitudes adoptadas por el gobierno nacional en los casos de dos conciudadanos: V?tor Salda? y el Mayor (RE) Jorge Olivera.
El primero fue condenado a muerte por un homicidio en el estado de Texas, EE UU. La Canciller? del actual gobierno no vacil? en asumir su defensa y pagar abogados -am? de la asistencia consular- para evitar la ejecuci?, lo que finalmente se logr? En el caso no se discut? la existencia del hecho criminal ni la culpabilidad del condenado, sino consideraciones de peritos relativas a la peligrosidad de los hispanos, lo que le daba un tinte de arbitraria a la sentencia.
El segundo, pese a la existencia de cosa juzgada, a que se lo presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, y a que se lo acusa por hechos cometidos en nuestro pa?, no ha tenido -hasta el presente- la misma suerte. Es como si quienes escribieron con la mano las leyes de obediencia debida y punto final quisieran borrar con el codo sus efectos. Para mayor iron? ello proviene de un gobierno que hist?icamente ha hecho de la supuesta inflexibilidad de sus principios un estandarte. El principio de territorialidad de la ley penal debe ceder ahora, en funci? de la persona de los acusados o lo que es peor de la opini? de los medios.

Por otra parte, es bueno notar que Francia, si bien se arroga el derecho de juzgar a ciudadanos argentinos por hechos cometidos en nuestro pa?, rechaza fervientemente la creaci? de una Corte Penal Internacional, no sea cosa que, por ejemplo Greenpeace pretenda impulsar una acci? penal ante tal Foro contra los agentes del servicio secreto franc? que volaron por los aires en Nueva Zelanda un barco de dicha organizaci? que realizaba protestas contra las pruebas nucleares galas en Polinesia.
Informa La Naci? en su edici? del d? 9 de agosto pasado que cuestiones de imagen y no jur?icas han condicionado la decisi? del gobierno. Pues bien, cabe aqu?recordar al iusfil?ofo Villey cuando se?la que la primera condici? necesaria para que haya un derecho es que la justicia no sea dictada en la v? p?lica, impuesta por manifestaciones o por el poder pol?ico. Hoy d? sin reparos podemos agregar a la opini? del periodismo.
Este hecho se suma a tantos otros, (por ejemplo los esfuerzos por "liberar" a los guerrilleros del MTP), que nos permiten comprobar, una vez m?, cuan sesgada es la idea que sobre los derechos humanos tienen importantes funcionarios del gobierno nacional.

H?tor Huici - Abogado
* Este art?ulo fue enviado antes de la detenci? del Capit? Cavallo.

Luego de un exhaustivo an?isis de expertos economistas de gobierno
? Migajas para las PyMEs !
Ante la ausencia de ideas, as?vienen los anuncios
Por Gustavo P. Forgione

Por estos d?s vemos que una medida concreta se present?para mejorar la situaci? de las peque?s y medianas empresas; el gobierno consigui? que a este segmento productivo se le permita abonar en cuotas las facturas de la luz... ? si... de los servicios el?tricos !, siempre que el monto a abonar supere los quinientos pesos.
Resulta alarmante que el "Equipo Econ?ico" haya anunciado esta cuesti? como si fuera algo importante, estas determinaciones no merecen ni una columna en la p?ina de los chictes de alg? peri?ico de baja tirada.
Tenemos un "Equipo Econ?ico" trabajando con economistas de gobierno para que nos informen algo que puede hacerse bajo las condiciones previstas desde hace m? de una d?ada. Evidentemente, el anuncio debiera haberse limitado a informar que el "Equipo Econ?ico" no te? nada que decir. Ello hubiera configurado un papel? menor, aunque algunos dirigente de la U.I.A. no lo advirtieron.

S?o una idea
Para evitar que esta queja, quede s?o en una expresi? "quejosa", desde el Partido Federal queremos acercarle humildemente una idea al "Equipo Eon?ico": Para ayudar a las PyMEs hay que mejorar las condiciones que las ponen en desventaja respecto de sus competidoras en el exterior, ante las grandes empresas locales o la coyuntura que las hacen inviables.
Tomemos algunos de los escollos m? importantes que encuentra una mediana empresa para reducir sus costos: Altas tasas de inter?, Inaccesibilidad al mercado de capitales y una c arga impositiva insoportable. Ser? factible solucionar parte del problema si mejoramos las condiciones para que las sociedades an?imas que explotan medianas empresas, puedan colocar nuevas emisiones de acciones en el mercado de capitales, e incluso sin da?r la recaudaci? impositiva de Estado, reducir esta carga sobre las que realmente tributan.

Causa y efectos
Luego de la eventual colocaci? de nuevas emisiones se observar?una evoluci? en la productividad de las empresas eficientes, regulado por el mercado secundario; una reducci? en la tasa de inter? al publico en general, debido a la ausencia de estas empresas como tomadores financieros y, entre otros, un efecto colateral muy deseado por el gobierno: la desaparici? de la evasi? fiscal de la sociedades que efect?n oferta p?lica. Esto se deber?a que las empresas que accedan a modificar sus estatutos para cotizar sus acciones en las bolsas deber? cumplir con los requisitos b?icos, seg? lo establece la Ley de Sociedades Comerciales: "Fiscalizaci? estatal permanente" y "confecci? de balances trimestrales"; sumado ello al contol contable m? eficiente que configuran los potenciales inversores.
De aqu?surge que puede reducirse la carga impositiva de las sociedades comprendidas en este esquema ya que no evadir? sus obligaciones fiscales como seguramente lo hac?n antes, tanto por la imposibilidad derivada de la claridad contable exigida, como por su falta de necesidad, y en un mediano plazo conllevar?un aumento nominal en la recaudaci? fiscal.
Ser? posiitivo que el gobierno explique las bondades del mercado de capitales, que en nuestro pa? es casi bicentenario, ya que data de 1811 como La Sala de Comercio, en 1821 como La Bolsa Mercantil, en 1840 como el "Camuat?quot; o Sociedad Particular de Corredores y finalmente La Bolsa de Comercio desde 1854. No obstante su longevidad, el volumen de las operaciones marcha de acuerdo al comportamiento del gobierno en materia econ?ica desde hace 70 a?s.

? La econom? podr?con la pol?ica ?
Se hace imprescindible que los anuncios considerados medi?icos, sean tratados s?o como eso: una cuesti? pol?ica que de poco servir?en la pr?tica y que lo m? loable ser? no divulgarla.
Espremos que la conducci? del equipo econ?ico actual no se contagie de las pr?ticas pol?icas que hicieron fracasar el gobierno del Dr. Alfons?, cuando ?te adviri?al poco tiempo de resignar su mandato: "La econom? no pudo con la pol?ica".

Gustavo P. Forgione
gustavo@forgione.com.ar
Director