La Hoja Federal

El sistema democrítico de gobierno puede ser suprimido de muchas maneras, la más conocida para los argentinos es por la v? del golpe de estado, ya sea c?ico-militar o militar a secas. Otra manera tan efectiva como la descripta, pero más sutil y deleznable es por medio de la misma democracia. Cómo puede ser esto posible? De la manera que hoy lo está haciendo la clase política argentina al reaccionar tarde ante el esc?dalo de los sobornos en el Senado. Una vez más, algunos pretenden disfrazar la decadencia del sistema político argentino detrás de la m?cara de una simple crisis política.
De todas las variantes que distintos sectores y partidos está analizando para revertir el derrumbe del Senado, la única que puede constituir una se?l para toda la sociedad, es que los actuales senadores renuncien a sus bancas y den paso a una nueva composición del Cuerpo.  Otro tanto deberían hacer los funcionarios del Poder Ejecutivo involucrados en el asunto, es decir el Ministro Flamarique y el Secretario Santiba?z. La credibilidad es uno de los pilares donde se asienta la representación conferida por el pueblo y unos y otros han perdido esa condici? frente a la sociedad.

Dentro de la variante señalada, la de llamar a comicios para que sea el pueblo el que elija los nuevos senadores, es sin duda alguna, la forma más representativa de todas.

Otras alternativas, como son el desafuero de los ocho senadores imputados por el Juez Liporaci, el desafuero de todos los senadores sin distinci? de bancadas para que el Juez pueda investigar libremente, o la simple renuncia a los cargos de Bloque de parte del Senador Alasino o del Senador Galv?, son simples actos de cosm?ica que el único efecto que conseguirá es cambiar algo para que nada cambie.
Como dijimos en el número anterior, desde 1983 al Senado lo fueron matando suavemente; las sospechas sobre la designació de jueces, nombramientos de personal, cambio de favores por leyes y otras cuestiones por el estilo, no han hecho más que erosionar su imagen ante la sociedad. Para colmo de males, la reforma del ?94 lo puso como moneda de cambio del pacto entre Menem y Alfonsín, y no bastando con 48 se aumentó sin ninguna necesidad la representación a 72 senadores, con el agravante de que ahora dependen más de los dos partidos mayoritarios que de las provincias.

LA JUSTICIA Y LA POLITICA DEBEN ACTUAR SIMULTANEAMENTE

Es falso que deba esperarse el veredicto del Juez para reci? ah? meter mano en los cambios que nuestro sistema institucional –en este caso el Senado y por que no, el Congreso entero- reclama desde hace mucho tiempo. Esta es la posición de los que especulan con que no se puedan recolectar las pruebas y por ende, no haya culpables. Entonces dir?: “aqu?no ha pasado nada, fue una maniobra, ha quedado a salvo el buen nombre y honor del Senado de la Nación”.
La investigación sobre la existencia de sobornos para votar la reforma laboral deberíaresolverse dentro del marco de la causa que tiene a su cargo el Juez Liporaci y la posible Comisión de delitos por parte de senadores y funcionarios del Poder Ejecutivo será juzgada a la luz de las normas del Código Penal.

Paralelamente, y sin que el resultado de la causa influya en lo más m?imo, la dirigencia política de todos los partidos está obligada a producir un verdadero ajuste en la política, más cercano a una refundaci? del sistema político que a una mera reforma.

NO SE TRATA DE UNA CRISIS MAS; ESTAMOS ANTE LA DECADENCIA DE UN SISTEMA

De lo que se trata justamente, es de aprovechar la oportunidad para introducir modificaciones que hagan del próximo Senado, del Congreso todo y de la política en general, un ámbito verdaderamente honorable y no el refugio de mercaderes.
Se sostiene que la actual Constitución no permite la elección hasta el 2001 de los nuevos senadores por el voto popular. Pues bien, si esa es la interpretación constitucional,  habrá que echar mano de herramientas también constitucionales, pero más drásticas y menos contemplativas de intereses sectoriales. Una sucesión de crisis políticas como la que ha vivido nuestro país en los últimos 10 años, no es una crisis más, es la decadencia misma y para enfrentarla se requiere una visión no comprometida y audaz.
Entre las medidas posibles no debe descartarse una convocatoria para reformar la Constitución para permitir anticipar dichas elecciones dando así legitimidad al tan necesario recambio. Y las modificaciones no deberían parar ah? hay que volver a la Constitución del ?53 y eliminar el tercer senador que incorporaron Menem y Alfonsín de manera espuria al n?leo de coincidencias básicas que dio lugar al texto de 1994. Un análisis serio y pormenorizado seguramente también dar? por tierra con la Jefatura de Gabinete, injerto prohijado por el lider de la UCR.
Es probable que la ciudadanía, hastiada de tanta política barata, desconfía de esta iniciativa. Al final de cuentas pueden pensar con toda raz? que los que puedan venir habrá de ser igual a los que está actualmente. Por eso, es necesario un acuerdo nacional para avanzar en otras modificaciones. Insistimos que debe ser una refundaci? y no una simple reforma.
A la ya remanida propuesta de eliminación de las listas s?ana, hay que optar por el sistema de tachas y preferencias para que el ciudadano pueda sortear las vallas que imponen las estructuras partidarias; no alcanza con recortar el plazo de las campaíss, hay que mejorar la calidad de las mismas y no hacemos alusi? a las piezas de proselitismo, sino a imponer la obligación de que debatan proyectos y propuestas los principales candidatos y a que den a conocer sus equipos de gobierno; las nuevas tecnolog?s no pueden ser ajenas a esta “refundaci?”  del sistema: el voto electrónico, las audiencias por Internet, el reemplazo de las fichas de cart? por registros digitales y la mayor movilidad de los mismos, son otros aspectos a tener en cuenta. La “crisis” del Senado puede ser un formidable punto de partida para encarar una etapa nueva.

Dr. Martín Borrelli
Presidente del Partido Federal

La Extraterritorialidad de la Justicia
Tratamiento Dis?il
Por el Dr. H?tor Huici

No deja de llamar la atención el contraste entre las actitudes adoptadas por el gobierno nacional en los casos de dos conciudadanos: V?tor Salda? y el Mayor (RE) Jorge Olivera.
El primero fue condenado a muerte por un homicidio en el estado de Texas, EE UU. La Cancillería del actual gobierno no vacil? en asumir su defensa y pagar abogados -amás de la asistencia consular- para evitar la Ejecución, lo que finalmente se logró En el caso no se discut? la existencia del hecho criminal ni la culpabilidad del condenado, sino consideraciones de peritos relativas a la peligrosidad de los hispanos, lo que le daba un tinte de arbitraria a la sentencia.
El segundo, pese a la existencia de cosa juzgada, a que se lo presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, y a que se lo acusa por hechos cometidos en nuestro país, no ha tenido -hasta el presente- la misma suerte. Es como si quienes escribieron con la mano las leyes de obediencia debida y punto final quisieran borrar con el codo sus efectos. Para mayor iroNº ello proviene de un gobierno que históricamente ha hecho de la supuesta inflexibilidad de sus principios un estandarte. El principio de territorialidad de la ley penal debe ceder ahora, en función de la persona de los acusados o lo que es peor de la opinión de los medios.

Por otra parte, es bueno notar que Francia, si bien se arroga el derecho de juzgar a ciudadanos argentinos por hechos cometidos en nuestro país, rechaza fervientemente la creación de una Corte Penal Internacional, no sea cosa que, por ejemplo Greenpeace pretenda impulsar una acción penal ante tal Foro contra los agentes del servicio secreto franc? que volaron por los aires en Nueva Zelanda un barco de dicha organización que realizaba protestas contra las pruebas nucleares galas en Polinesia.
Informa la Nación en su edici? del Día 9 de agosto pasado que cuestiones de imagen y no jur?icas han condicionado la decisión del gobierno. Pues bien, cabe aqu?recordar al iusfil?ofo Villey cuando señala que la primera condici? necesaria para que haya un derecho es que la justicia no sea dictada en la v? pública, impuesta por manifestaciones o por el poder político. Hoy Día sin reparos podemos agregar a la opinión del periodismo.
Este hecho se suma a tantos otros, (por ejemplo los esfuerzos por "liberar" a los guerrilleros del MTP), que nos permiten comprobar, una vez más, cuan sesgada es la idea que sobre los derechos humanos tienen importantes funcionarios del gobierno nacional.

H?tor Huici - Abogado
* Este artículo fue enviado antes de la detenci? del Capit? Cavallo.

Luego de un exhaustivo análisis de expertos economistas de gobierno
? Migajas para las PyMEs !
Ante la ausencia de ideas, así vienen los anuncios
Por Gustavo P. Forgione

Por estos días vemos que una medida concreta se presentó para mejorar la situación de las peque?s y medianas empresas; el gobierno consiguió que a este segmento productivo se le permita abonar en cuotas las facturas de la luz... ? si... de los servicios eléctricos !, siempre que el monto a abonar supere los quinientos pesos.
Resulta alarmante que el "Equipo económico" haya anunciado esta cuestión como si fuera algo importante, estas determinaciones no merecen ni una columna en la página de los chictes de algún periódico de baja tirada.
Tenemos un "Equipo económico" trabajando con economistas de gobierno para que nos informen algo que puede hacerse bajo las condiciones previstas desde hace más de una década. Evidentemente, el anuncio debiera haberse limitado a informar que el "Equipo económico" no te? nada que decir. Ello hubiera configurado un papel? menor, aunque algunos dirigente de la U.I.A. no lo advirtieron.

sólo una idea
Para evitar que esta queja, quede sólo en una expresión "quejosa", desde el Partido Federal queremos acercarle humildemente una idea al "Equipo Eon?ico": Para ayudar a las PyMEs hay que mejorar las condiciones que las ponen en desventaja respecto de sus competidoras en el exterior, ante las grandes empresas locales o la coyuntura que las hacen inviables.
Tomemos algunos de los escollos más importantes que encuentra una mediana empresa para reducir sus costos: Altas tasas de inter?, Inaccesibilidad al mercado de capitales y una c arga impositiva insoportable. serán factible solucionar parte del problema si mejoramos las condiciones para que las sociedades anónimas que explotan medianas empresas, puedan colocar nuevas emisiones de acciones en el mercado de capitales, e incluso sin dañar la recaudaci? impositiva de Estado, reducir esta carga sobre las que realmente tributan.

Causa y efectos
Luego de la eventual colocaci? de nuevas emisiones se observar?una evolución en la productividad de las empresas eficientes, regulado por el mercado secundario; una reducción en la tasa de interés al publico en general, debido a la ausencia de estas empresas como tomadores financieros y, entre otros, un efecto colateral muy deseado por el gobierno: la desaparición de la evasi? fiscal de la sociedades que efect?n oferta pública. Esto se deberíaa que las empresas que accedan a modificar sus estatutos para cotizar sus acciones en las bolsas debería cumplir con los requisitos b?icos, según lo establece la Ley de Sociedades Comerciales: "Fiscalización estatal permanente" y "confecci? de balances trimestrales"; sumado ello al contol contable más eficiente que configuran los potenciales inversores.
De aqu?surge que puede reducirse la carga impositiva de las sociedades comprendidas en este esquema ya que no evadiría sus obligaciones fiscales como seguramente lo hac?n antes, tanto por la imposibilidad derivada de la claridad contable exigida, como por su falta de necesidad, y en un mediano plazo conllevar?un aumento nominal en la recaudaci? fiscal.
Ser? posiitivo que el gobierno explique las bondades del mercado de capitales, que en nuestro país es casi bicentenario, ya que data de 1811 como La Sala de Comercio, en 1821 como La Bolsa Mercantil, en 1840 como el "Camuat?quot; o Sociedad Particular de Corredores y finalmente La Bolsa de Comercio desde 1854. No obstante su longevidad, el volumen de las operaciones marcha de acuerdo al comportamiento del gobierno en materia económica desde hace 70 años.

? La economía podrá con la política ?
Se hace imprescindible que los anuncios considerados medi?icos, sean tratados sólo como eso: una cuestión política que de poco serviráen la práctica y que lo más loable serán no divulgarla.
Espremos que la conducción del equipo económico actual no se contagie de las prácticas políticas que hicieron fracasar el gobierno del Dr. Alfonsín, cuando éste adviri?al poco tiempo de resignar su mandato: "La economía no pudo con la política".

Gustavo P. Forgione
gustavo@forgione.com.ar
Director